El Gobierno ha implementado un conjunto de medidas, que ya son ley, para mitigar el impacto del alza de los combustibles en la población, enfocándose en las necesidades prioritarias de los hogares y en el sector transporte. Estas acciones buscan enfrentar un escenario internacional desafiante, a la vez que se protege la estabilidad de las finanzas públicas.
Las medidas clave incluyen:
* Apoyo al Transporte: Un bono mensual de $100.000, durante seis meses, para propietarios de taxis, colectivos y transporte escolar inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Este beneficio se destinará exclusivamente a la compra de combustibles.
* Estabilización de Precios del Kerosene: Fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) con un incremento de hasta US$60 millones, junto con una fórmula transitoria de cálculo de impuestos y créditos fiscales. El objetivo es mantener el precio del kerosene en niveles similares a los de febrero.
* Ajuste en Impuesto Específico al Diésel: Una medida transitoria que ajusta el beneficio de recuperación del impuesto específico al diésel para ciertas empresas, equiparándolo al régimen aplicable a las empresas de transporte de carga, lo que generará mayores ingresos fiscales.
* Contención del Precio de la Parafina: Una vez promulgada la ley, se espera que el precio de la parafina regrese a los niveles de febrero y se mantenga estable durante el resto del año.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha asegurado que estas medidas están diseñadas para beneficiar directamente al sector de la locomoción colectiva y que los recursos se destinarán a los fines previstos.
Las medidas implementadas por el Gobierno representan un esfuerzo por amortiguar el impacto del alza de los combustibles, un problema global con consecuencias directas en la economía y el bienestar de las personas. La focalización en el apoyo al transporte y en la estabilización de precios de productos esenciales como el kerosene y la parafina es un enfoque sensato, ya que busca mitigar el aumento de costos para los hogares y garantizar la continuidad de servicios vitales.
La inclusión de medidas para resguardar las finanzas públicas, como el ajuste en el impuesto específico al diésel, demuestra una preocupación por la sostenibilidad fiscal en un contexto de incertidumbre económica.
Sin embargo, desde [Transportes Pezzola] estamos seguros que es importante considerar que estas medidas son de carácter temporal. La verdadera solución a largo plazo requiere de políticas energéticas más amplias que aborden las causas estructurales de la volatilidad de los precios de los combustibles y promuevan la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y asequibles. La efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de su correcta implementación y de la capacidad del Gobierno para monitorear y ajustar las políticas según sea necesario.